Consideraciones Generales

La globalización es el avance hacia la instauración de un único sistema en lo económico, en lo político, lo cultural y lo comunicacional, aparecieron ciertos fenómenos, el principal de ellos es la aparición de la variable económica, como valor primordial, definitorio y a veces único. Otro factor de fundamental importancia es el avance científico y tecnológico que ha permitido la centralización, expansión y homogenización de los mensajes que circulan por todas las redes informativas. La exaltación de la variable económica, por encima de todo ha conducido a un consumismo, individualismo y competitividad exagerada.

La globalización produce un conjunto de procesos contradictorios. Por una parte introduce la homogeneización de productos, desde los diseños arquitectónicos y la vestimenta hasta las pautas de consumo. Se homogeneizan demandas, aspiraciones, comportamientos. Pero al mismo tiempo se multiplica la movilidad global, las migraciones, los contactos. Lo cual conlleva reacciones ante la necesidad de afirmarse en un lugar, con una cultura y lengua distinta. Para ser competitivo hay que ser diferente, para existir en un mundo complejo y globalizado hay que afirmar la propia especificidad. Se revalorizan o se reinventan identidades y modelos culturales como reacción a las que podría llamarse invasiones de inmigrantes, visitantes o productos ajenos. Se defienden lenguas y paisajes, la identidad de los territorios y de las comunidades. Y no se trata tanto de una reminiscencia o de un retorno a un pasado ya irrecuperable como de una forma de sobrevivir en la globalización.

Es en ese sentido en el que surge a lo largo de la historia moderna y contemporánea de la humanidad un activo proceso de urbanización que ha dado lugar al planteamiento inexpugnable del derecho a la ciudad.

El status de ciudadano supone el reconocimiento de un conjunto de derechos y deberes, la existencia de unas instituciones que representan a los ciudadanos en la defensa de estos derechos y la elaboración y aplicación de unas normas legales y de unas políticas públicas para que estos derechos y deberes sean realmente aplicados.

La ideología de los derechos humanos hoy se ha convertido en una de las bases principales de legitimación de la democracia. Sin embargo, hoy los derechos humanos se han politizado considerablemente. Se ha tratado promover el significado de los derechos para la construcción de un mundo mejor; no obstante, vivimos, después de todo, en un mundo en el que los derechos a la propiedad privada y el benefició se ven confrontadas con las demás nociones de derechos como el derecho a la ciudad.

Actualmente, las ciudades se están convirtiendo en las unidades territoriales claves de la organización económica, política y administrativa. Las ciudades crecen en relevancia y en población: actualmente la proporción de población que vive en ciudades es superior al 50% y las previsiones estipuladas en el preámbulo de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad indican que en 2050 podría llegar al 65%.

Desde los primeros asentamientos, la especie humana ha creado formas espaciales que se adecuaran a sus necesidades y a los intereses económicos de los sectores sociales más poderosos. Las formas urbanas han evolucionado, creciendo en tamaño y en complejidad. A partir de la revolución industrial se puso claramente de manifiesto que la forma de asentamiento del modo de producción capitalista no era neutra y que los problemas que la ciudad generaba no se distribuían de forma homogénea.

La insatisfacción por las contradicciones crecientes entre el potencial de las ciudades y la satisfacción de las necesidades de sus habitantes ha reactivado la reflexión sobre las ciudades reales de hoy y sobre como las condiciones de vida en éstas han empeorado a través de los procesos de privatización de los bienes y servicios, el incremento de la desigualdad, la discriminación y la exclusión.

El concepto de Derecho a la ciudad proviene de Henry Lefebvre. En 1968, el mencionado autor enunció que entre los derecho básicos de los ciudadanos, junto al derecho de libertad, trabajo, salud o educación se debía incluir el Derecho a la ciudad, es decir, el derecho de los ciudadanos a vivir en territorios propicios a la convivencia y ricos en usos diversos, en los que el espacio y los equipamientos públicos sean factores de desarrollo colectivo y individual. El derecho de todos a disfrutar de un entorno seguro que favorezca el progreso personal, la cohesión social y la identidad cultural.

Por una parte, la clase dominante y el Estado refuerzan la ciudad en tanto que centro de poder y de decisión política, por otra, el dominio de dicha clase y de su Estado hace estallar la ciudad. El derecho a la ciudad no se trata de un derecho en la acepción jurídica del término, sino de un derecho análogo a los que quedan estipulados en la célebre Declaración de los Derechos del Hombre, base constitutiva de la democracia. Estos derechos no son jamás literalmente cumplidos, pero se refiere uno constantemente a ellos para definir la situación de la sociedad.

Al construirse las nuevas ciudades, producto de la riqueza y de ese funcionalismo con sus edificaciones en torres aisladas una de otra y de muchos pisos de altura, la calidad del espacio público quedó en segundo término: dejó de ser un lugar de estar para convertirse en un lugar de paso. Se eliminó el trazo habitual de las ciudades surgidas y transformadas a través de los siglos. Con todo, desapareció la calle como espacio público de encuentro, de convivencia, y las vías se destinaron únicamente al tránsito de los automóviles.

Actualmente se manifiesta la defensa de ciudad densa y compacta, en el que la diversidad de los usos genera riqueza. Se dice también que la iniciativa en el crecimiento y la transformación urbana es pública, de manera que podríamos considerar que se han introducido correcciones que favorecen a las condiciones de vida y convivencia en la ciudad, pero los problemas de desigualdad y marginación persisten.

Las ciudades han cambiado de tal manera que lo que durante el siglo XX se consideró como el principal ámbito de integración, la vivienda, no sólo está cada vez menos garantizada sino que además ya no es suficiente para conseguir la integración y, sobre todo, la igualdad.

La reivindicación de la vivienda y el barrio ha quedado atrás. Hay que plantear en qué entorno más amplio se insiere, dónde está, qué accesos tiene a los equipamientos y servicios, a la movilidad, etc. hasta alcanzar la escala de ciudad y su entorno. Surge así de nuevo el concepto de derecho a la ciudad con una nueva dimensión.

Hoy en día el concepto de ciudad recoge asentamientos urbanos, definidos territorialmente y con órganos propios de organización y gestión. La ciudad como espacio físico: como metrópoli, urbe, villa o poblado, espacio urbanizado que esté organizado institucionalmente como una unidad local de gobierno de carácter municipal o metropolitano, incluyendo tanto el espacio estrictamente urbano como el entorno rural o semirural incluido en su territorio. También la ciudad como espacio político, entendiendo la ciudad como el conjunto de actores e instituciones que intervienen en su gestión, incluyendo la comunidad en general.