Complicidad de "Jueces y Ministros" y "Entes de Control"

Una investigación de 2006 de los periodistas Jorge Imbaquingo y Eufemia Salazar, del diario El Universo de Guayaquil, llegó a ubicar más juicios bancarios que los que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia tenían en sus reportes estadísticos.

“De los 64 juicios que se iniciaron tras la crisis bancaria de 1998 y 1999, apenas 8 han terminado con sentencia condenatoria, por la lentitud judicial y la poca intervención de los organismos de control.

“29 juicios bancarios (45,3%) han concluido y no existe posibilidad de reabrirlos: de ellos 8 tuvieron sentencias condenatorias, en otros 19 los acusados fueron absueltos y 2 prescribieron (caducaron).

“Otros 13 procesos, que constituyen el 20,3%, están suspendidos indefinidamente hasta que los acusados sean capturados o se entreguen voluntariamente a la justicia. “Los restantes 22 juicios (34,4%) no terminan. De ellos, 5 se tramitan en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en casación (revisión de la sentencia), pedida por los acusados.

“Ya en agosto del 2004, una Comisión que integró la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concluyó que había falta de seguimiento a los juicios bancarios por parte de la Superintendencia de Bancos, Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Procuraduría del Estado y Fiscalía de la Nación.

“La Comisión, presidida por el entonces magistrado Bolívar Vergara, consideró que hubo negligencia en la administración de justicia, así como por la falta de intervención de los órganos de control.

“Ello permitió, dijo Vergara, que la AGD y la Superintendencia de Bancos no acusaran, y eso redujo la gravedad de los delitos por los que se iniciaron los juicios (de peculado a estafa, por ejemplo). Además, acotó, los jueces terminaron responsabilizando solo a los propietarios de los bancos y no a los administradores.

“Jorge Rodríguez, ex vocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), aseveró que en el 99% de los casos los organismos de control perdieron su participación en esos juicios, pues no presentaron pruebas.

“La negligencia es palpable y hoy es necesario enjuiciar a los funcionarios que olvidaron hacer un seguimiento a esos procesos, para hacerles devolver el perjuicio a los ecuatorianos”, indicó.

“Según la Comisión de la CSJ, tampoco se impulsaron, en los casos de sentencias condenatorias, los juicios de repetición (para recuperar el perjuicio ocasionado al Estado) y el reclamo de daños y perjuicios.

“El procurador José María Borja prefirió no hablar sobre el tema, a pesar del intentó por tres semanas de conocer su criterio.

“En cambio, la fiscal general Cecilia Armas defendió las acciones de la institución que dirige. Pero cuando se le preguntó sobre los casos en los que los fiscales han cambiado su acusación (caso Filanbanco, por ejemplo, de peculado a ocultamiento de información), lo que conlleva una rebaja de penas, Armas respondió que eso dependía de cada funcionario, pero que en caso de error, este era por una responsabilidad compartida entre jueces y fiscales.

“A la fecha, Fernando Aspiazu, ex propietario del Banco del Progreso (con diez juicios), es uno de los dos banqueros que cumplen prisión desde 1999, cuando lo detuvieron. El otro es Marcel Laniado Castro, ex directivo del Banco del Pacífico de Panamá.

“Alejandro Peñafiel, del Banco de Préstamos y quien fue extraditado desde Líbano, cumplió seis sentencias y salió libre. No obstante, aún tiene pendientes siete juicios y una nueva orden de captura tiene en su contra.

“Carlos Miranda Alcívar, ex directivo del Banco del Azuay, fue deportado de Estados Unidos el 29 de marzo del 2005, pero lo absolvieron.

Problemas por prescripción

“El presidente subrogante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Vicente Troya, decidió el pasado 14 de noviembre de 2007 declaró prescrito (caducado) el proceso que se inició para determinar responsabilidades en la crisis del Bco.
Continental.

“El juicio se inició en mayo de 1996; entonces se imputó a 31 personas acusadas por los supuestos delitos de peculado bancario, piramidación de capitales y falsificación y uso doloso “Pero desde 1999 el proceso se redujo a un solo imputado: Leonidas Ortega, a quien se lo acusó de la falsificación y uso doloso de instrumentos públicos. El efecto de la decisión de la CSJ es el archivo del juicio y del pedido de extradición. “La decisión la adoptó Troya, pues el titular de la CSJ, Jaime Velasco, se excusó de conocer la causa por haber actuado como abogado del ex presidente ejecutivo alterno del Continental, Joaquín Martínez Amador.

“Antes, Troya pidió al fiscal general, Jorge German, que se pronuncie sobre si procede o no la caducidad, pero el Fiscal respondió que es responsabilidad del presidente de la CSJ aceptar o negar el pedido.

“Leonidas Ortega, quien se mantuvo prófugo en Miami, podrá regresar al país.” (diario el Universo de 20 noviembre 2007) Landes del ex Banco Popular detenido desde el 16 de diciembre de 2006 fue extraditado desde Costa Rica y pudiera salir en libertad por el artículo 24 de la Constitución, pues el 16 de diciembre cumplirá un año sin sentencia y por la ausencia inesperada del fiscal Jorge Cano, la diligencia no se concretó.

“Los juicios de peculado, cohecho y concusión prescriben (caducan) en 20 años, y si el acusado está prófugo debe declararse en suspenso, según el artículo 257 del Código Penal. Sin embargo, ante eso, la Constitución (que es de mayor jerarquía), en su artículo 121, determina que esas infracciones son imprescriptibles y que los prófugos deben ser juzgados en ausencia.

“Los jueces, en 13 casos, prefirieron aplicar la norma del Código Penal en lugar de la Constitución, para mantener vigentes los procesos de extradición y evitar, así, que otros países consideren una violación a los derechos humanos el juzgamiento en ausencia.

“A más de los bancos del Progreso y de Préstamos, también se iniciaron causas por los cierres de los bancos Popular (con 10 juicios), Pacífico (4), Azuay (3), Previsora (3), Unión (2), Bancomex (2), Solbanco (2), Sudamericano (2), Tungurahua (1), Cofiec (1), Crédito (1) y las financieras Ecuacambio (4), Alfa (2), Finiber (1), Sibursa (1), Amerca (1), Principal (1), Transfiec (1), Valorfinsa (1).

“Ocho banqueros están prófugos: Alejandro Peñafiel (Préstamos), Roberto y William Isaías Dassum (Filanbanco); Arturo Quiroz (Pacífico); Soliman El Asser Mohamed (Ecuacambio); Alberto Gómez Piñán (Bancomex); y Carlos Bolívar Miranda (Financiera Principal).