La informalidad ocupacional: Entre la elección pública y el interés social.

La estructura económica en la que se encuentra incrustada la sociedad actual incide en que una gran parte de las decisiones tomadas dentro de está por los individuos que la componen, se haga mediante comportamientos de elección racional en los que el sujeto busca maximizar su propio beneficio al menor costo posible, bien sea a partir de una dinámica grupal como lo explica Olson (1992), o a través de una actuación individual egoísta como presupone Smith (1976).

Este comportamiento, trasladado a la esfera política se convierte en uno de los grandes retos para el gobierno dado que de lo que se trata aquí es de maximizar la función de utilidad global al menor costo posible. Así, se buscaría regularizar  a los individuos que laboran en el sector informal mejorando sus condiciones socioeconómicas y laborales,  sin que ello afecte el interés común del total de la población. Esto, estaría perturbado por fallas de gobierno como: los ciclos electorales, las falencias en el monitoreo de la actividad pública, y las inconsistencias en la definición de agendas a largo plazo, que llevan a que el gobierno falle de manera análoga a un mercado imperfecto cuando diseña o implementa cierto tipo de políticas gubernamentales (Weimer y Vining 1991).

Tal dicotomía entre el beneficio común (en este caso de la población informal) y el interés propio del agente político (burócratas encargados de la ejecución política), puede ser explicada a partir del enfoque de la elección pública, según el cual: la concepción del bien común se entiende en términos de la agregación de las preferencias individuales, tal y como sucede en la economía del bienestar (Bobrow y Dryzek, 1987), y por lo tanto, la maximización del bienestar total de la población “informal” tendría que darse como un optimo paretiano de la función de utilidad global que se desagrega a nivel individual.

Es decir, tomando como supuesto que el sujeto actúa de manera racional en pro de su interés particular, no hay políticas que pudieran beneficiar al total de la población, y por lo tanto, el tomador de decisiones debe enfrentarse ante un conflicto de intereses entre distintos grupos de coacción (o neighborhoods), en los que una determinada política puede resultar benéfica para unos pero perjudicial para otros, teniendo así que prever las consecuencias colectivas de su implementación bajo diferentes circunstancias (Bobrow y Dryzek, 1987).

Tomado lo anterior como referente, el agente político requiere de una estrategia para neutralizar el efecto de los grupos pequeños que lo estén influenciando, dispersando de forma paralela los intereses particulares de los individuos de grupos grandes, con el objetivo de poder legislar con la menor carga externa posible, y en esa medida buscar un equilibrio entre el beneficio común de la sociedad que lo eligió, y el suyo propio.

En cuanto al problema de la informalidad ocupacional, se han identificado algunas causas de carácter estructural que impiden a los trabajadores informales hacer uso de los recursos con los que cuentan para mejorar su nivel de vida. Entre ellos; la inadecuada estructura del sistema legal, la distribución inequitativa del ingreso, y la precarización del mercado laboral formal, hacen que los sujetos se desplacen hacia sectores de baja productividad de la economía y se vean relegados del acceso a las  oportunidades que les facilita el mercado global. El choque se encuentra cuando el gobierno debe proponer políticas encaminadas a revertir tal proceso, dado que se encuentra con grupos de individuos para los cuales la solución a estos problemas no les parece la más optima.

En esencia, adecuar el sistema normativo a las necesidades del mercado, como lo expone De Soto (2000), si bien podría beneficiar a los informales dotándolos de activos con garantía para la consecución de recursos, encontraría una amplia resistencia por parte de los individuos que concentran el capital, bien sea en el mercado de bienes inmuebles, con grandes capitalistas a quienes no les conviene que el estado regule la propiedad privada de los informales, dado que ello incrementaría la propensión a consumir este tipo de inmuebles; o en el mercado laboral, en el que el  del uso de mano de obra no regulada permite incrementar la utilidad a través de la subcontración informal y el abaratamiento de los costos (Portes, 1995).

Siguiendo el esquema del óptimo paretiano, para mejorar la equidad en la distribución del ingreso se requiere acotar el beneficio de unos para trasladarlo a otros. Ello implicaría, reconsiderar las cargas tributarias y la estructura fiscal manejada, de tal suerte que se flexibilice para permitir la entrada de aquellos que no pueden sufragar altos impuestos en el inicio de su actividad productiva, o en términos de De Soto, abaratar los costos de ingreso y permanencia en la formalidad (De Soto, 1986) para que el trabajador informal se vea estimulado a ingresar en la economía regulada. No obstante, si se quitan recursos de un  lado de la ecuación deben sumarse en el otro para que el déficit público no crezca a ritmos incontenibles, por lo que los impuestos que se le dejen de cobrar al sector productivo deben ser compensados con otros ingresos emanados de impuestos a los capitales financieros, deuda pública o emisión primaria. Alternativas que a su vez, encuentran una fuerte oposición en su implementación emanada de los grupos a quienes afectarían.

Por último, flexibilizar el mercado laboral en materia de contratación y despidos con el objeto de fomentar una mayor absorción formal de mano de obra, si bien en principio podría impactar en el corto plazo en el nivel de empleo generado, en el largo plazo la brecha entre oferta y demanda laboral formal no podría ser resuelta. Ello, debido al  comportamiento deficitario que se ha registrado en los países en vías de desarrollo en los últimos quince años, con una acumulación de oferta de mano de obra que al no encontrar cabida en el sector formal ha tenido que desplazarse hacia otras actividades no reguladas (Hernández Licona, 2004). A esto, se le sumaría la rigidez del empleo sustentada en la permanencia de pactos colectivos de trabajo, altos niveles salariales en el sector público y otros elementos que tienen fuertes defensores que difícilmente sacrificarán su utilidad individual a costa del beneficio colectivo o el interés social.
           
Es por ello, que para plantear una política que vaya más allá del asistencialismo, tendiente a mitigar la informalidad ocupacional, ha de estudiarse como actúan los sujetos en las dinámicas grupales, de tal forma que puedan identificarse incentivos selectivos para que estos cooperen con la causa política y el interés social al menor costo posible tanto para la sociedad, como para el agente político.

De lo que se trata es de diseñar una política sostenible a largo plazo aprovechando los programas de gobierno que existen en la actualidad, para que beneficien  el interés común de los individuos. ¿Pero cómo lograr tal objetivo teniendo en cuenta los problemas mencionados anteriormente? Son múltiples las respuestas que se han planteado al respecto, las cuales más que ser excluyentes podrían considerarse como complementarias.