Asociativismo

Los pequeños productores que trabajan asociativamente, pueden comenzar siendo beneficiarios de programas que brinden asistencia técnica y/o financiamiento y, con un seguimiento pertinente, evolucionar hacia la autogestión productiva.

La propuesta de asociativismo rural requiere la coordinación de todas las instituciones involucradas (Gobierno provincial, Gobierno nacional, Ente de la Región Sur, INTA, Comisiones de fomento, etc.). Las temáticas a abordar son numerosas, pero se consideran fundamentales la capacitación y el financiamiento. La capacitación demandaría, al menos, dos ejes: asociativismo y formulación de proyectos. El financiamiento estaría dirigido para la adopción de tecnología y la diversificación, entre otras posibilidades.

Los productores deben conocer las características, ventajas y desventajas de cada forma asociativa. Esto implica el abordaje de múltiples problemáticas y de esta manera se debe promover la creación de grupos de trabajo operativos, no solamente agropecuarios sino que deben ser transdiciplinarios mediante la incorporación de personal de las ciencias sociales.

Otro aspecto a definir por los productores es la necesidad de consolidar los esfuerzos orientados a lograr asociaciones estratégicas con el sector industrial, que les permitan integrarse verticalmente en el proceso de agregado de valor (agroindustria) y de esa manera poder acceder a una porción mayor de la distribución de los beneficios.

La participación del productor en grupos asociativos facilita la capacitación y la adopción de mejor tecnología. La última década ha sido positiva en cuanto a la disposición del Estado para su instrumentación y de los productores para la participación en proyectos colectivos de producción y capacitación. En este aspecto se destaca el Plan Ganadero Regional del Ente para el desarrollo de la Región Sur. También se debe mencionar el desarrollo por parte del INTA del Sistema de Soporte de Decisiones, el cual contribuye a la toma de decisiones más informadas, tanto de productores individuales como de otros agentes relacionados con la producción ovina. La Ley de reactivación de la ganadería ovina (Ley 25.422) prevé el financiamiento de actividades que permitan acelerar el proceso hacia una actividad ovina más competitiva con un presupuesto de $ 20 millones por cada uno de los 10 años de vigencia a través de la ejecución de programas nacionales, provinciales y regionales.