Otro elemento importante a destacar es que a partir de 1990, el Banco Central (BC) pasó a ser una entidad autónoma del gobierno, con el objetivo específico de velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos -evitar trastornos del sistema financiero y crisis de balanza de pagos-, y de velar también por la estabilidad de los precios. Los instrumentos que el legislativo entregó para hacer frente a estos objetivos fueron las políticas monetaria y cambiaria, así como la facultad de dictar normas relativas a las instituciones financieras.
En el referente contexto, el objetivo antiinflacionario acogido a fines de la década anterior, pasó gradualmente a ser el objetivo líder de la política monetaria. El recientemente autónomo Banco Central puso gran parte de su esfuerzo en esta materia, a la vez que el nuevo escenario de abundantes flujos de capital y mejores condiciones externas se tradujo en que la política de un tipo de cambio real “alto”, seguida hasta entonces, perdiera fuerza a favor de un tipo de objetivo de cambio real que pasa a denominarse de “equilibrio de mediano y de largo plazo”.
Para alcanzar los objetivos propuestos por la ley, la política monetaria se orientó a mantener la evolución del gasto agregado en línea con la evolución del producto potencial y las posibilidades de financiamiento externo permanente.
Las autoridades monetarias se propusieron así a reducir la inflación a los niveles internacionales; prueba de esto es que las tasas de interés reales se mantuvieron relativamente elevadas durante la década de los noventa, sólo durante dos meses de 1992 las tasas de interés reales anualizadas para los Pagarés Reajustables del Banco Central (PRBC) fueron inferiores al 5%, nivel que en 1987 fue considerado de ajuste. La inflación, por su parte, ha mostrado una constante tendencia a descender, produciéndose un alza en las tasas de interés de los PRBC cada vez que la inflación se ha estancado o el gasto se ha acelerado respecto al PIB –las alzas de tasa se produjeron en enero de 1990, durante 1992, y a fines de 1995-. La preocupación que el Banco Central tiene por el control de la inflación de debe a los costos que ésta trae consigo. En primer lugar, altos niveles de inflación se asocian con gran variabilidad de ésta y de los precios relativos, lo cual desalienta el crecimiento económico, a mediano plazo afectando especialmente a la inversión. En segundo lugar, la inflación tiene efectos indeseados sobre la distribución del ingreso, ya que cuando ésta excede el valor previsto, hay grupos que ganan –los que mantienen ahorros en UF por ejemplo- y otros que pierden –también por ejemplo, los que han contraído créditos indexados-, lo cual podría en un mal escenario conducir a conflictos sociales. Sin embargo, el objetivo antiinflacionario, debe ser alcanzado en forma armónica con la estabilidad del crecimiento del producto, así como la mantención de un tipo de cambio real de equilibrio de mediano y largo plazo.
En una economía como la chilena, en que no se cuenta con objetivos intermedio de agregados monetarios o tipos de cambio, la tasa de interés pasa a ser la herramienta a través de la cual se instrumentaliza la política monetaria. Una de las peculiaridades de esta política, dadas las importantes prácticas de indexación, es que en vez de utilizar tasas de interés nominales como herramienta, se emplean tasas de interés reales –tasas indexadas a la UF-. Esta característica se presta a veces para confusiones, y se señala que la economía chilena carece de ancla nominal. Sin embargo, no debe perderse de vista que el instrumental de tasas reales se ajusta en función de objetivos nominales, como lo es la meta de inflación mencionada anteriormente.
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Dirección URL: https://www.zonaeconomica.com/chile/monetaria (Consultado el 23 de Dic de 2024)
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